¿Y los chicos dónde están?

(Texto publicado por Periodismo Social, fotografía publicada por Pagina 12 el 12 de Diciembre de 2002)

La creación de un registro de adoptantes anunciada por el Gobierno nacional es apenas un paso para agilizar los trámites de adopción, pero deja pendientes otros problemas graves del sistema que amenazan los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que el Estado sepa cuántos y cuáles son los chicos que necesitan un lugar definitivo donde crecer y que asegure, a la vez, que sean separados de sus familias biológicas sólo cuando es imprescindible, dijeron funcionarios, especialistas y organizaciones civiles a Periodismo Social.

El sistema vigente en Argentina desde 1997 tiene uno de sus índices más expresivos en el hecho de que la mayoría de las adopciones se concretan por "entrega directa", un discutido mecanismo de muchas provincias que permite a las familias biológica y adoptiva hacer un "acuerdo" particular previo, en especial con los niños recién nacidos, que los tribunales se limitan luego a revisar y convalidar si las partes cumplen los requisitos legales y técnicos exigidos.

En cambio, las adopciones gestionadas inicialmente por el propio Estado, en especial para chicos internados en distintos tipos de instituciones, se demoran en los juzgados durante años, en los que la vida de los niños pasa sin remedio y, cuando se presenta una oportunidad de ser adoptados, sufren mecanismos sociales de discriminación que perjudican a los chicos de más edad, a aquellos con diversas enfermedades o a los que conforman grupos de hermanos.

Los jueces son blanco de críticas por los plazos que se toman para decidir una adopción, pero insisten en que la simplificación del trámite puede afectar los derechos de los adoptados.

Mientras tanto, niños que podrían ser adoptados transitan por institutos de Menores pero hasta hoy el Estado es incapaz de determinar con detalle cuántos son, dónde están y, peor aun, todos siguen regidos bajo la Ley de Patronato -que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) adoptada por nuestra propia Constitución en 1994. (Ver recuadro "Lo que dice la Convención")