La senadora Perceval (FPV-Mendoza), el secretario Duhalde y la directora Martínez
Foto: Gustavo Cherro
(Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
Viernes 14 de julio de 2006 | Publicado en edición impresa)
Unos 20.000 niños y adolescentes están privados de su libertad en institutos de menores en la Argentina, en contra de los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la nueva ley que los protege. Así lo reveló un estudio realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en colaboración con Unicef.
Sólo el 12,1% de esos chicos está imputado en causas penales, según el trabajo. La gran mayoría, el 87,1%, está internado por estar en situaciones de riesgo: desamparo, pobreza, maltrato... El estudio, que oficialmente contabilizó a 19.579 menores privados de su libertad, contiene los datos enviados por los institutos de todas las provincias, pero sólo fue relevado el 60 por ciento que envió datos, con lo que se supone que la cifra de menores encerrados puede ser 40 por ciento mayor, dijo Victoria Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos.
El trabajo fue presentado ayer en el Senado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde; la senadora Marita Perceval; Martínez; la representante de Unicef en la Argentina, Gladys Acosta Vargas, y el responsable de los programas de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner.
Acosta Vargas explicó que la Argentina tiene “los índices más altos de reclusión de niños del continente” y coincidió con los funcionarios en que las causas de que tantos chicos permanezcan en institutos hay que encontrarlas en que la ley de patronato, derogada el año pasado, estuvo vigente desde 1919. La norma permitía disponer de los menores desamparados para “protegerlos”.
Con la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la aprobación de la nueva ley de protección integral de niños y adolescentes, la vieja norma quedó derogada.
La nueva ley, reglamentada a fines de 2005, señala que no se debe internar a los menores por razones asistenciales, sino privilegiar su reinserción en la familia, excepto casos extremos de conflictos con la ley penal.
El trabajo sostiene que los distritos con mayor cantidad de chicos en institutos son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones y la Capital.
Hubo seis provincias que reconocieron tener chicos en conflicto con la ley penal encerrados en comisarías.
El estudio revela que son mayoría los varones internados por problemas con la ley penal y son más las mujeres institucionalizadas por su situación de desamparo. “Esto repite una pauta cultural”, dijo Martínez.
El estudio relevó tanto a los institutos estatales como aquellos privados donde la autoridad administrativa y la Justicia derivan a los chicos. El 54,6 por ciento de los establecimientos pertenece a una organización de la sociedad civil, mientras que el 42,32 por ciento son organismos gubernamentales.
Inseguridad
Las autoridades defendieron la necesidad de acabar con las internaciones con argumento contundente: “Entre el 50 y 60 por ciento de los presos juveniles pasaron antes por un instituto de menores”, dijo la representante de Unicef, por lo que expresó que “encerrando chicos no es como nos vamos a defender de la inseguridad”.
Acosta Vargas explicó que los niños les devuelven a los adultos lo que reciben. “Si su propia vida no tiene valor, tampoco tiene valor la vida de los demás.”
Los funcionarios dijeron que con las leyes en vigencia ya está abierto el camino y que ahora resta tratar caso por caso cada unos de estos 20.000 chicos para determinar la mejor manera de reinsertarlos con sus familias o con quienes mantengan lazos afectivos.
Para que se aplique la nueva ley es necesario que cada provincia adecue sus normas y que elabore programas sociales y de fortalecimiento familiar, con la idea de no internar a los chicos, como lo manda la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Del total de los chicos internados, el 45,9 por ciento está en un régimen semiabierto, es decir, con menores medias de seguridad que un ámbito cerrado.
No obstante, el trabajo revela que existe en la Argentina una cultura del encierro, no como excepción, sino como pauta, ante una pretendida tutela.
Martínez advirtió que conspiran para desarmar este modelo no sólo los patrones culturales y las estructuras mentales, sino intereses económicos que pueden quedar afectados por la desaparición de los institutos y los subsidios que reciben aquellas instituciones de la sociedad civil que cobran para mantener allí a los chicos. “Están en juego intereses éticos y económicos”, aseguró la senadora Perceval en el Senado.
Fuentes oficiales dijeron que se pagan entre 800 y 1500 pesos por niño. El otro problema es la reubicación de todos los empleados estatales que trabajan en los institutos.
“Esto es un sinceramiento”, dijo Martínez, que explicó que ahora empieza una transición para aplicar la nueva ley. Duhalde así lo entendió al asegurar que no es un “informe cómodo ni tranquilizador, pero es una obligación para saber dónde estamos parados”.
Más allá de poder instrumentar esta nueva ley, aún está pendiente la sanción de una ley penal juvenil que reforme el actual régimen, que data de un decreto del gobierno militar de 1980. Los chicos encerrados por problemas con la ley penal no están condenados y muchos de ellos ni siquiera procesados.
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