Los niños que no se ven

El calvario de los chicos en el hogar del horror
La fundación de Grassi, muy comprometida
Domingo 24 de mayo de 2009 Publicado en edición impresa
Franco Varise - LA NACION
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1131739)

Ese día Cristian llegó muy angustiado a la escuela. No quería estudiar y comenzó a llorar con un quejido profundo y bestial.
En el recreo salió al patio, ató un cable a su cuello y quiso ahorcarse frente a todos. "¡Quiero irme al cielo y terminar con todo esto!", gritaba. En un rincón del salón, otro niño de 5° grado le susurró a una maestra: "Acá empezó otra vez la joda de los abusos".

El episodio destapó una trama macabra, según surge de la causa que lleva adelante la jueza de primera instancia en lo Civil Myriam Rustán de Estrada sobre el Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices los Niños, creada por el sacerdote Julio César Grassi. Esto ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, durante un día de clase en el Colegio Santa Teresa de los Andes, en Chacarita. Pero ese día no tuvo nada de convencional. Una vez que lograron calmarlo y asistirlo, las autoridades del colegio comunicaron el hecho al obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul.

El obispo, es decir la propia Iglesia, fue quien realizó el 26 de septiembre de 2008 la presentación ante el defensor público de Menores e Incapaces N° 4, Marcelo Jalil, para que se investigara el hecho, dado que las monjas responsables del hogar habían negado cualquier sospecha al respecto.
Anteayer, el Consejo Episcopal de la Arquidiócesis de Buenos Aires emitió un comunicado por el que respalda a monseñor Benites Astoul y a las autoridades de la escuela, y aclara que el trámite judicial impulsado por la Iglesia ha sido una presentación ante la Justicia "considerando la seriedad de los hechos" y no una denuncia. De ambos, dice que siempre "obraron correctamente".

Es que, cuando las autoridades del colegio le preguntaron a Cristian a qué se refería con "terminar con todo esto", el menor dijo: "De eso no se habla". "Apretaba los puñitos y tenía una tensión muy fuerte en todo el cuerpo", sostiene el relato volcado en el expediente de la secretaria del director de la institución.

Detrás de las paredes del hogar San José Obrero pasaban cosas raras desde hacía muchos años. Cosas supuestamente siniestras y muy bien guardadas, según las indagaciones que, tras la denuncia, realizó el Cuerpo Médico Forense y que ya son parte del expediente.

Surge de las pesquisas psicológicas que, en un contexto de absoluta ignominia, los mayores del grupo sometían a los niños más pequeños a vejámenes sexuales a cambio del pago de favores. Estas situaciones escabrosas se asegura que sucedían sólo entre los varones.

El líder de ese grupo dominante era un joven de unos 16 años, sin documentación, aparentemente de nacionalidad ucraniana, que presenta problemas de toxicomanía, una personalidad psicopática y de una sexualidad indefinida, detalla el informe psicodiagnóstico realizado por el Cuerpo Médico Forense. Y agrega que debería estar en una comunidad terapéutica especializada.

Pero lo más importante estaba por llegar. Una vez efectuada la denuncia, el primer funcionario judicial en cruzar el umbral del hogar fue Jalil. A pesar de contar con una foja de servicio bastante frondosa en asuntos difíciles, dijo a LA NACION que quedó impresionado.

En la casa, que en verdad parecía un instituto correccional, según su opinión, había ratas, desorden y una sensación de deriva absoluta. Jalil pidió los legajos de los chicos y, en unos papeles escritos con mucha informalidad, descubrió historias de horror. Los legajos fueron secuestrados por la Justicia. Lo llamativo es que habían sido elaborados por el personal a cargo de esos niños en diferentes momentos de su vida en el hogar.

En una de esas esquelas que acompañan el expediente aparece el relato sobre un niño pequeño que había sido atado en el altillo del hogar y violado por cuatro chicos mayores, entre los cuales se encontraban sus propios hermanos.

En otro de los legajos, uno de los responsables del hogar cuenta que había descubierto a un niño practicándole sexo oral a uno de los chicos mayores. Y al consultarle que hacía, el niño de menos de diez años le respondió que estaba pagando una deuda. El defensor sospecha que, en realidad, el chico ucraniano que actuaba como líder podría ser mayor de edad.

En el hogar convivían menores con distintas problemáticas. La mayoría provenía de hogares del conurbano bonaerense donde ya había sufrido abusos. Incluso, algunos presentaban discapacidades o traumas psiquiátricos graves... Abandono, indigencia y todas las maldiciones del mundo concentradas en menos de 15 años de vida. Para muchos, el hogar era lo único que conocían.

Un solo cuidador
Durante las noches, por la falta de personal en el hogar San José, apenas un cuidador debía hacerse cargo del complejo que incluía una zona de habitaciones de niñas y otra de varones. Del expediente surge que habían existido intromisiones de niños en camas de otros durante las noches. Cuando el Cuerpo Médico Forense consultó a uno de los niños acerca de este episodio, éste lo negó. Pero, al interrogarle para qué estaba el sereno por las noches, el mismo niño contestó: "Para que no nos pasemos de cama".

"Había preferidos que tenían teléfono celular y estaban muy bien vestidos, mientras que el resto, los más pequeños, estaba totalmente abandonado. La diferencia era manifiesta", dijo Jalil. Este magistrado recibió amenazas que supone provinieron de gente afín a la Fundación Felices los Niños del padre Julio César Grassi. Jalil trabajó siempre en soledad junto con la jueza. Un aspecto curioso, según los especialistas que siguen el caso, es que la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, designada por el gobierno nacional, nunca manifestó su apoyo a la investigación.

"Los tratamientos médicos habían sido descuidados: una chiquita casi repite de grado porque pensaban que era tonta, pero en realidad le faltaban lentes", agregó Jalil.

Uno de los niños de seis años, según los legajos que están en el expediente, había sido segregado de la habitación de los varones, porque se hacía pis en la cama durante las noches. Dormía en otra habitación, completamente solo, aislado y desnudo, por disposición del personal del hogar, para que se sintiera incómodo cuando no pudiera contenerse.

La jueza que dio impulso a la causa, al analizar la información del defensor, dispuso en septiembre pasado la intervención del hogar por parte del Concejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno porteño, durante 120 días, y con el compromiso de efectuar informes quincenales.

Sin registro
A medida que fueron llegando los primeros análisis, la jueza, empezó a convencerse de que debía reubicar en forma urgente a los niños. La institución de menores no estaba inscripta en el registro de "hogares conveniados" del Consejo y funcionaba casi al margen de todos los controles. No recibía subsidios del gobierno y subsistía gracias a las donaciones de particulares, que habían decaído mucho después de las imputaciones judiciales por abuso y corrupción de menores, que pesan sobre el padre Grassi. La sentencia en ese juicio se conocerá el 10 del mes próximo.

Las autoridades del hogar, las hermanas Olivia y Delfina, de una orden de Guatemala y que vivían en el fondo del predio, negaron la situación desde un principio.

Voluntarios y personas afines a la fundación del padre Grassi acusan a los funcionarios de avanzar en el desalojo del hogar por "faltas menores en el edificio". Consultados por LA NACION, vecinos del barrio tampoco parecían conocer lo que ocurría detrás de las paredes de ese predio de la calle Charlone, en Chacarita.

De prosperar las sospechas sobre abusos, las hermanas Olivia y Delfina podrían quedar imputadas por incitación, negligencia y abandono de personas, según fuentes judiciales. El avance de la causa quedó en manos de la fiscal de menores María Helena Holden.

Cronología
SEPTIEMBRE DE 2008
Presentación.

El obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul, denunció ante la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la Capital que se investigue presuntos abusos en el hogar.

SEPTIEMBRE DE 2008
Decisión judicial
La jueza Myriam Rustán de Estrada ordenó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervenir el hogar y la realización de fichas informativas.

NOVIEMBRE DE 2008
Intervención
Comienza la intervención, que se extiende hasta marzo de 2009. En febrero, el Consejo firma un convenio con la Fundación Felices los Niños para devolverle el hogar al considerar que se habían hecho las mejoras y le ofrece asistencia.

ABRIL DE 2009
Resolución
La jueza Myriam Rustán de Estrada resuelve la reubicación de todos los niños que estaban en el hogar, con la intervención de los jueces que estaban a cargo de los menores. La tensión dentro y fuera del hogar crecía.

MAYO DE 2009
Traslado
El viernes 15 se debía terminar el traslado, pero no pudo concretarse.

Administrador

La jueza ordena la administración del hogar al Arzobispado de Buenos Aires.

Lectura obligatoria al final de las misas

Durante este fin de semana, quienes asistan a misa escucharán un comunicado de lectura obligatoria, dispuesto por la Arquidiócesis de Buenos Aires, en apoyo del obispo Benites Astoul y de la Escuela Santa Teresa de los Andes, que fueron los que comunicaron a la Justicia lo sucedido en el hogar del padre Grassi.

---------

Hay gran cantidad de pruebas
Según la jueza, en el hogar del padre Grassi había chicos que sometían sexualmente a sus hermanosFuente: http://www.lanueva.com/hoy/nota/eaf7d557fe/16/28697.html

La jueza Myriam Rustán de Estrada, quien ordenó el pasado viernes el traslado de 12 menores del Hogar de la Fundación Felices los Niños, que dirigía Julio César Grassi, afirmó que dentro de la institución "había chicos que sometían sexualmente a sus propios hermanos".

La magistrada, en declaraciones a la señal de noticias Canal 26, indicó además que dentro del Hogar "existieron relaciones homosexuales entre chicos de entre 5 y 16 años".

"La misma institución aportó gran cantidad de pruebas. Ellos habían detectado situaciones aberrantes entre los chicos y no pudieron solucionar esos hechos, pero en ningún legajo se hablaba del tratamiento que estaban recibiendo esos chicos", explicó, para avalar su orden de traslado.

En cuanto a los casos concretos que se daban dentro del Hogar que dirigía el cura que está siendo juzgado por presunto abuso sexual de menores en la mencionada fundación, señaló que "en los legajos de los chicos se describía esto que le contaban a las autoridades pero de si habían hecho tratamientos, no decían nada".

Rustán de Estrada sostuvo que dentro del Hogar San José -de la Fundación Felices los Niños- se había generado una división de grupos entre los chicos.

"Había chicos más grandes, cerca de los 16 años, que conformaban el grupo de los poderosos y eran los que amenazaban o los que sometían a los chicos más chicos, y entre ese grupo había hermanos que sometían a sus propios hermanos", remarcó.

La jueza Rustán de Estrada había dictado la orden de desalojo fundamentada en las denuncias por abusos y malos tratos a los chicos.

El viernes pasado se produjeron incidentes, empujones, y algunas personas resultaron heridas, durante el desalojo, en el que sólo se llegó a evacuar del lugar a la mitad de los 28 menores que se encontraban en el hogar situado en Charlone 763.

La denuncia inicial había sido radicada por el obispo Horacio Benitez Astoul, quien alertó sobre el intento de suicidio de un nene de ocho años.

El lunes último agentes del Consejo de Menores porteño decidieron suspender el desalojo hasta que existan "garantías" para la integridad de los menores.

Unas horas más tarde, la misma jueza Rustán de Estrada dispuso que el Arzobispado de Buenos Aires ejerza la guarda de los chicos internados en el Hogar San José Obrero y prohibió el ingreso al predio de todo miembro de la Fundación Felices los Niños. (NA)

-------

Graves cargos contra un hogar de menores
Fuente: http://www.aimdigital.com.ar/ver_noticias.php?id_nota=89837

La jueza de primera instancia en lo civil Miryam Rustán de Estrada, que investiga el caso, denunció ayer que los chicos del hohar San José Obrero, no pudieron ser reubicados por la falta de cooperación de la Policía Federal y de las monjas a cargo de la institución, de la Fundación Felices los Niños, del padre Julio César Grassi.

La magistrada calificó como "gravísimo" el contexto en el que se habrían producido los supuestos abusos en ese hogar, denunciados por el obispo Horacio Benites Astoul. En declaraciones radiales, la jueza dijo que los niños padecen "graves problemas" y que "son rehenes" que están sometidos al cuidado de gente que "no es idónea" para esa labor. También hizo una fuerte autocrítica por el trabajo de la Justicia respecto del cuidado y la protección de menores en situación de abandono.

El instituto funciona en el barrio porteño de Chacarita desde hace más de 10 años y cuando se inició la causa, en septiembre del año pasado, había alojados 41 niños de entre cinco y 16 años. Hoy quedan 14, que, junto con personas afines a la fundación, resistieron su reubicación en otras instituciones.

Las declaraciones de la magistrada surgieron después de los violentos incidentes que se produjeron el viernes pasado frente al hogar, en Charlone al 700. Allí, la policía no pudo evitar una situación de exposición que, a simple vista, resultó escandalosa por tratarse de menores que, según dijo la jueza, son "manipulados" por gente de la fundación que depende del padre Julio César Grassi. No hubo un vallado para contener a los manifestantes y las fuerzas policiales no pudieron frenar una escena grotesca.

"Llamé al comisario y le dije que no se había podido realizar la medida por su inoperancia. Me dijo: «Con usted no hablo» y me cortó", relató la jueza en un programa de televisión. En un fallo del lunes pasado Rustán de Estrada calificó de "deliberada desobediencia" la acción de la Policía Federal a cargo del jefe de la comisaría 37a., Ricardo Raúl Padece. La jueza presentó una denuncia penal contra el funcionario policial.

La magistrada había dispuesto la reubicación de los menores el 17 de abril pasado, pero la falta de cooperación de las "personas que trabajan en la fundación", entre ellas, "las monjas de Guatemala traídas por Grassi", habrían impedido el proceso que terminó de estallar el viernes pasado. "Aquí había inidoneidad [sic]. Si alguien se ocupa de amparar a chicos de la calle, tiene que hacerlo con idoneidad, si no, se los victimiza el triple", sostuvo la jueza.

Al consultarla sobre el estado de la causa y sobre si se concretará finalmente el desalojo dispuesto hace más de un mes, dijo que no lo suspendió y que "los chicos que están allí son rehenes de las personas" de la fundación. Y agregó: "Hay un juez de Lomas de Zamora que se ocupa muchísimo, y cuatro veces mandó un móvil a buscar a unas chicas que están allí adentro, pero no lo dejan entrar".

Según la jueza, en el expediente hay "videos en los que las hermanas les decían qué hacer, que corrieran de acá para allá" a los chicos, para resistir la reubicación que había iniciado el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno porteño. El proceso de desalojo se había iniciado muchas semanas antes, pero no había podido concluirse.

La magistrada recordó que dentro del predio funcionaba un colegio parroquial del que surgieron los primeros indicios de irregularidades. "Se detectaron problemas gravísimos sobre chicos que estaban en el hogar. Vimos entonces los legajos de los chicos y detectamos que los problemas no eran sólo de un chiquito, sino que eran institucionalizados desde hacía muchísimos años", expresó la magistrada.

"Las monjas nunca dijeron nada y la superiora tampoco", destacó Rustán de Estrada, quien admitió que, "en algunos casos", magistrados colegas habían dejado de prestar atención a la situación de los menores. En "algunos casos iban, pero los chicos no estaban o les decían que estaban en clase o en [la sede de] Hurlingham, y entonces se iban con lo que les contaban las hermanas del lugar", explicó. "Lo que quiero hoy puntualmente es que dejen en paz a los niños", consideró la jueza.

Otro paso judicial
En tanto, la Fundación Felices los Niños presentó recursos de hábeas corpus para certificar la salud de los 14 chicos que aún permanecen en el Hogar San José. Esto demoró la medida ordenada por la jueza, informaron fuentes vinculadas con la causa.

El juez de instrucción porteño Juan Ramos Padilla aceptó el recurso presentado por la fundación y ordenó una serie de peritajes psicofísicos a los chicos. Rustán de Estrada calificó de "indigna" la medida en declaraciones radiales.

Por su parte, el defensor de Menores Marcelo Jalil dijo a la agencia Télam que las medidas del juez Padilla "no hacen otra cosa que revictimizar a los chicos que ya habían pasado por esta situación en reiteradas oportunidades durante la investigación".

La magistrada denunció que recibió mensajes amenazantes durante todo el fin de semana.

Precisamente, ayer la Comisión Directiva de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) repudió también las amenazas que recibió Jalil, que fue el primer funcionario en denunciar los casos de supuestos abusos y abandono de los menores en el hogar.
A través de un comunicado, la Uejn manifestó "su repudio ante tan cobarde actitud" y se solidarizó con Jalil, "no sólo como afiliado a esta organización, sino como hombre del quehacer judicial comprometido con los postulados democráticos que desde siempre defendemos".
Fuente: La Nación